Res 382-08 Cámara Federal Rosario

CÁMARA FEDERAL de APELACIONES de ROSARIO- Sala “A”

 

Hago saber a Ud. que en el Expte. Caratulado: “Col. Prof. de la Ing. Civil Prov. de Sta. Fe c/UNR s/ Acción declarativa de certeza e inconst.” se ha dictado la siguiente RESOLUCION://mero, 382/08, Rosario, 3 de diciembre de 2008. Que en fotocopias se acompañan. Queda Ud. debidamente notificado.
Notificado el 02.02.09 a las 10.20 horas con copia.

PATRICIA H. CALVI
SECRETARIA DE CÁMARA

//mero: 382/08-C Rosario, 3 de diciembre de 2008
Visto, en Acuerdo de la Sala “A” el expediente Nº 3913-C de entrada, caratulado: “Col. Prof. de
la Ing. Civil Prov. de Sta. Fe c/ U.N.R. s/Acción Declarativa de certeza e inconst.” (Nº 83.470 del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario), del que resulta que:
El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:
1.- Vienen los autos a conocimiento del tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos y fundados por el apoderado del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe (fs. 708 y 735/755vta.) y por la representante de la demandada U.N.R. (fs. 710 y 718/733vta.) contra la resolución nro. 75 de fecha 8 de junio de 2007, que hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones Nros. 265/02 (07/06/02), 295/02 (21/06/02) y 698/02 (29/11/02) dictadas por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, con costas a la de mandada vencida (fs. 692/704vta.).
Concedidos los recursos interpuestos (fs. 709 y 711) y contestados que fueron los agravios por la actora (fs. 759/770vta.) se elevaron las actuacionesa esta Sala “A”, disponiéndose el pase de los autos al Acuerdo, quedando los mismos en estado de resolver (fs. 771).
2.- Los agravios vertidos por la demandada refieren sustancialmente a: 1) que la sentencia de baja sede desconoció el artículo 43 de la ley 24.521 prescindiendo del sentido técnico-jurídico del térm ino “mensura”; 2) que el a se arrogó facultades propias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología al no efectuar un análisis adecuado respecto de la fijación de incumbencias profesionales o atribución exclusiva de actividades para realizar mensuras a los títulos universitarios; 3) que el magistrado se arrogó competencias propias del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario; 4) que se soslayó el artículo 2754 del Código Civil que dispone que el deslinde judicial se hará por agrimensor; 5)que el juzgador desconoció la competencia legalmente atribuida por el Decreto del PEN Nº 143/2000 y modificatorios a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria; 6) que el a quo se ha basado en la mera opinión, vertida en un expediente administrativo iniciado por la contraparte, de un ocasional coordinador de la Secr
etaría Políticas Universitarias, funcionario que carecía de competencia material y técnica para contestar los oficios Nros. 4295/04 y 1499/05; 7) que la conclusión a la que arriba el opinante carece de sustento lógico jurídico; 8) que el magistrado fue más allá de la conclusión emitida en la cuestionada opinión del coordinador del secretario de Políticas Universitarias; 9) que se construye un sofisma a partir de los Planes de Estudios 1934 y 1953, en los cuales el título de agrimensor era un título intermedio de la carera de ingeniería civil, del que se infiere que el título de ingeniero civil habilitada también para la realización de dichas tareas de mensura; 10) que se utilizan los fundamentos de la Resolución M.E. Nº 1920/98 para arribar a una conclusión distinta de la solución dada por el Ministerio; 11) que el fallo sustenta la invalidez de las resoluciones universitarias en que el Consejo Directivo no motiva su decisión en cuanto a la imputación de falta de formación académica jurídico legales del plan de estudios Nº 316/99 y a la Resolución C.D. Nº 342/61 y posteriores y que para ello debió haber solicitado la opinión de la cátedra de Economía y Legislación, no habiéndose tenido en cuenta la opinión de la escuela de Ingeniería Civil en su nota nro. 20 de fecha 12/07/01; 12) que el a quo funda la invalidez de la Resolución C.D. Nº 698/02 en lo manifestado por la actora respecto de la Resolución Nº 2263 del ex Consejo de Ingenieros de la provincia de Santa Fe; 13) que el sentenciante consideró que con las resoluciones atacadas la Universidad Nacional de Rosario privó a todos los ingenieros civiles de la competencia para realizar mensuras; 14) que el juzgador omitió valorar el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 24-4-2003, in re “Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires s/Rec. Artículo 32 de la ley 24.521”, registrado como C.811.XXXV.
Finalmente ante la hipótesis de un fallo adverso plantea la cuestión constitucional y hace reserva de ejercer el derecho de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso de apelación extraordinaria.
3.- Por su parte, los representantes del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe se agravian por la declaración de inconstitucionalidad de la resolución Nº 295/02 que establece con toda claridad que los trabajos topográficos y geodésicos que pueden realizar los ingenieros civiles no incluyen a las mensuras, que la competencia profesional para realizar una tarea se logra cuando el plan de estudios brinda los conocimientos del caso y que en autos no se da.
Se agravian porque el declarar la inconstitucionalidad señalada dice que todos los ingenieros civiles de la Faculta d de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR poseen competencias y/o incumbencias para realizar taras de mensura, porque la actividad está incluida en la expresión trabajos topográficos y geodésicos. Destacan que el inferior formula una mera afirmación dogmática que no tiene en cuenta la diferente formación profesional que reciben agrimensores e ingenieros y por ello viola un principio elemental, cual es, que toda competencia
que afecta el interés público debe ser expresa y no, inferida de una expresión.
Expresan que no se ha tenido en cuenta la normativa emanada del Ministerio de Educación, a saber las Resoluciones Nº 1560/80, 1232/01 y 1054/02 de las que surge que cuando el Ministerio quiso otorgar una competencia, incumbencia o actividad reservada así lo ha dicho y que jamás conrespecto a los ingenieros civiles usó la palabra mensura. De este modo -dicen- el inferior viola el principio de división de poderes al invadir la competencia del Ministerio de Educación otorgando una competencia profesional inexistente.
Sostienen que el juzgador al interpretar erróneamente la expresión trabajos topográficos y geodésicos ha violado el artículo 43 de la ley de Educación Superior, el principio de división de poderes, la competencia de la Facultad de Ciencias Exactas y del propio Ministerio de Educación.
Debidamente fundada en el derecho vigente, doctrina y jurisprudencia imperante en materia de incumbencias y/o competencias profesionales, como así también de la conclusión arribada en baja sede respecto a que todos los ingenieros que hayan pasado por la citada facultad poseen un derecho adquirido incorporado a su patrimonio en razón del título y las competencias otorgadas por la UNR y el Ministerio de Educación de la Nación.
Se agravian porque el inferior ha desconocido la competencia legalmente atribuida a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria por el Decreto PEN Nº143/00 y de la valoración hecha de la expresión del entonces Subsecretario de Políticas Universitarias cuando se limita a hacer suyo un dictamen interno.
Remarcan la desconsideración en el fallo de la Resolución 2233/63 del Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe como así también el desconocimiento del derecho al no tener en cuenta los artículos 2753 y 2754 del Código Civil que refieren a mensuras y deslinde de terrenos.
Se quejan de la conclusión arribada por el inferior cuando analiza los Planes de Estudio 1934 y 1953 porque no dice que los ingenieros civiles estaban habilitados para hacer mensuras porque antes habían obtenido el título de agrimensor.
Sostienen que el tratamiento dado a la Resolución 1920/98 del Ministerio de Educación, conforme a la cual los ingenieros en construcciones o en construcciones de obras egresados de la UTN durante la vigencia de las Resoluciones 39/71,206/72 y 35/75 tenían competencia para realizar mensuras, los agravia porque la misma es excepcional pues tiene un anexo con los datos personales de todos los ingenieros abarcados por ella.
Finalmente se agravian de las consideraciones efectuadas con respecto a los supuestos derechos adquiridos por los ingenieros civiles que se habrían visto afectados al privarles de la competencia de realizar mensuras.
Consideran que la sentencia cae en innumerables supuestos de arbitrariedad resultando lesiva a claros principios y derechos constitucionales tales como la igualdad ante la ley, principio de legalidad, debido proceso legal, derecho de propiedad, violación del otorgamiento de facultades extraordinarias, violación del principio innominado de razonabilidad y violación de la supremacía constitucional que quedaría subordinada a normas legales inconstitucionales. Plantean la cuestión constitucional y hacen formal reserva de la víaextraordinaria.

Y CONSIDERANDO:
1.- Introducción
: Habida cuenta de que la sentencia de mérito resultó impugnada tanto por la representación de la Universidad Nacional de Rosario como por la del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe, habré de tratar los respectivos agravios invocados por cada una de las recurrentes conforme al orden en constan expresados en autos.
Asimismo cabe habida cuenta que conforme a los términos del artículo 253 del CPCCN, el recurso de apelación comprende al de nulidad por defectos de la sentencia y que la representación de la U.N.R. insinuó oportunamente su articulación (fs. ref.710), cabe aclarar que no será tratado por cuanto esta misma parte especificó, al expresar los agravios (fs. 719 tercer párrafo), que sólo vino a esta instancia a sostener la apelación, por considerar que a través de ella podrán tener remedio lo que afirma son errores del pronunciamiento. Por lo demás, no se advierte de éste ni del procedimiento desarrollado hasta llegar a él, vicios in procedendo que pudieran ameritar la procedencia de una tan restrictiva vía impugnativa como lo es todo planteo de nulidad, sea en forma incidental de cualquiera otra diversa.
2.Los agravios de la Universidad Nacional de Rosario: Con relación al cuestionamiento del primero de los agravios de esta parte, que imputa al a quo desconocimiento del artículo 43 de la ley 24.521, encuentro las siguientes observaciones que formular:
2.1. - La Resolución Nº 1054/02 del Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR cuya constitucionalidad se cuestiona mediante la acción de autos. Se trata de la Resolución Nº 698/02 del día 29 de noviembre de 2002. De modo entonces que tenemos allí un debilitamiento del argumento normativo en trato.
Por el contrario, tengo para mí que le asiste razón a esta recurrente en cuanto sostiene que a partir de la determinación ministerial de marras, no podrá interpretarse que los Ingenieros Civiles tengan como incumbencia profesional la de realizar mensuras. Sin perjuicio de las ulterioridades del análisis del caso de autos.
2.1.2. - Con relación al significado que la impugnante postula atribuirle al término “mensura”, advierto que en el párrafo tercero de fojas 720 afirma haberlo explicitado “reiteradamente” en autos, y que “mensura” no sería sinónimo de “medición”.
Tenemos aquí una defección de la parte en cuanto a la autonomía que debe exhibir toda expresión de agravios, que torna improcedente remitir al tribunal de alzada a presentaciones anteriores, tanto más, cuando como ocurre en el caso, ni siquiera se señala donde se encontrarían las supuestas expresiones referidas.
Pero volviendo al significado de la voz “mensura”,pareciera correcto el recurso al diccionario por parte del señor juez de grado. Por lo demás, el resultado no es distinto si se recure a un diccionario especializado, en el cual puede encontrarse que el término significa:
“Toda acción de medir. Más en especial, la de fincas rústicas o urbanas, para determinar su cabida o fijar y señalar sus límites” (Manuel Ossorio en: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Obra Grande, Heliasta, Montevideo, 1986).
Aun admitiendo como cierto que la “mensura” no sea sinónimo de “medición”, no llego a entender cuál sería el sentido “técnico jurídico” postulado por la recurrente que haría predominar en la actividad otras notas distintas a la central tarea de medir que involucra. Porque si la realidad fuera como lo plantea esta impugnante lo natural hubiera sido que la carrera de agrimensura fuera dictada en la Facultad de Derecho y no en la de Ciencias Exactas
, Ingeniería y Agrimensura”. Sabido es que si de algo carece la ciencia del Derecho es precisamente de exactitud e inmovilismo y que poco es en ella lo que puede obtenerse de principios apriorísticos que son los que caracterizan a las ciencias exactas.
Sin embargo, cierto es que existen vocablos que cobran un sentido particular conforme a contexto dentro del cual son empleados. Especialmente cuando se trata de ramas técnicas o científicas sumamente especializadas. Ellos constituyen lo que se denomina “tecnolecto”, que es algo así como el lenguaje propio de una profesión o especialidad, e incluye términos creados para nombrar un fenómeno nuevo o no conocido hasta entonces o bien para darle determinado contenido o extensión. Precisamente el Derecho en tanto rama del conocimiento humano se caracteriza por la profusa utilización de expresiones que le son propias y no constan en los diccionarios de la lengua. Por citar una: la palabra “preclusión”, que todos sabemos que significa en este ámbito, resulta completamente extraña fuera de el, como no sea por su parentesco con la voz “forclusión” utilizada por la Psicología para referir un fenómeno que tiene alguna reminiscencia a lo que la voz “preclusión” significa en Derecho. Pero considero que estas referencias que acabo de mencionar no se relacionan plenamente con el debate de autos. Porque éste implica establecer si lo que se conoce en general como “mensura”, constituye un trabajo topográfico y/o geodésico. Si mensurar es mucho más que medir y no esencialmente medir. Sobre estos aspectos habré de volver.
También resulta acertada la jurisprudencia de la CSJN que se cita a foja 720vta. penúltimo párrafo, pero tengo para mí que no alcanza para resolver un caso como el de autos en el cual la letra de las sucesivas normas en juego da para interpretar tanto lo que sostiene la recurrente como lo que concluyó el a quo.
2.2.- El segundo de los agravios reprocha, en lo esencial, al juez de grado haber omitido analizar una serie de resoluciones ministeriales que dieran la Resolución M.E. N° 608/87 de la Universidad Nacional de Córdoba que reconoció la habilitación de los Ingenieros Civiles para la tarea de marras conforme a la fecha de ingreso a su carrera, destacando que se lo hacía en forma “excepcional”.
Asimismo advierto que sobre el final de este agravio, concretamente a fojas 723vta. in fine, se reprocha al a quo haberse apartado de los parámetros para sentenciar establecidos por la CSJN por haber desconsiderado constanciasde la causa. Sin embargo, más allá de ser jurisprudencia pacífica del máximo tribunal la que sostiene que los jueces no estamos obligados a seguir todas y cada una de lasargumentaciones de las partes, francamente no advierto el apartamiento denunciado. Por el contrario creo que entre los fundamentos del juez de grado lucen reflexiones relacionadas con la resolución universitaria que acabo de mencionar y que fuera traída al debate en esta instancia por la impugnante cuyos cuestionamiento me encuentro analizando.
2.3.- En cuanto al tercero de los agravios no veo las cosas como lo plantea la recurrente. Porque, en todo caso, no ha sido el juzgador quien habilitara a los ingenieros civiles para realizar mensuras, como aquélla lo sostuviera, sino que éste sólo ha declarado que los mencionados profesionales tienen incumbencia profesional al respecto en virtud del marco fáctico y jurídico imperante. El juzgador no se ha arrogado ninguna atribución que no le sea propia. Lejos de ello su intervención se debe como en todas las ocasiones en que actúa, a la excitación de quienes acuden a sus estrados en busca de imparcialidad para la solución de un entuerto.
Entiendo que el dictado de la Resolución 317/99 del Consejo Superior de la UNR aprobando el Plan de Estudios de la carrera de agrimensor y su habilitación profesional, en modo alguno implicó, por lo menos no surge así de los términos transcriptos a fojas 725 in fine y vta., que se haya conferido exclusividad en la incumbencia referida. Y que tampoco se produciría una “extinción” de la carrera de agrimensor de confirmarse el fallo en crisis, ya que si ésta subsistió hasta el momento del dictado de la Resolución impugnada en el presente proceso, en lapso durante el cual los ingenieros civiles realizaban válidamente mensuras, no habría razón para que no subsista en el futuro.
2.4.- El cuarto de los agravios habré de pasarlo por alto por cuanto considero que carece de entidad argumental como para ameritar su tratamiento.
2.5.- Con relación a la desconsideración de prueba “decisiva” por parte del juzgador, según se sostiene en el quinto de los agravios a partir de fojas 726, cuadran las siguientes reflexiones:
2.5.1.- La recurrente postula la competencia de la informante de fojas 643/53 para dirimir la cuestión de incumbencias profesionales de autos, que estaría basada en el Decreto del PEN N° 143/00. Sin embargo, el detalle que se insertara sobre el final de la foja mencionada se hace referencia a “propuestas”, “proponer criterios”, “fiscalizar” y otras generalidades.
2.5.2.- En el informe en cuestión, como puede verse a fojas 646 sobre el final del primer párrafo, se sostuvo,con relación a los títulos universitarios que:“... el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, es el responsable de determinar las actividades profesionales exclusivamente reservadas a ellos”(el subrayado me pertenece). De modo que la postura defendida por la impugnante requeriría de la remisión al mencionado “acuerdo”,más éste no surge siquiera referenciado en las constancias de autos.
2.5.3. - En el segundo párrafo de fojas 646 se individualizan dos Resoluciones que establecerían las incumbenciasrespectivas de Ingenieros Civiles e Ingenieros Agrimensores, pero ocurre que una de ellas es la número 1054/02 cuestionada en el presente proceso, de modo que cuanto menos en este litigio no puede ser tenida como prueba.
2.5.4.- Tampoco resultan categóricas las demás Resolucion es mencionadas a fojas 647/8 que atribuyeran competencias a las dos profesiones que acabo de mencionar en el punto precedente, porque mientras no haya resultado claramente establecida la exclusividad de la compartida. De tal modo se consideró, por ejemplo en el artículo 6 del Decreto 7887/56 aludiendo a la “incumbencia de profesionales de dos o más matrículas”. Esta norma estatuyó el arancel para las profesiones de agrimensura, arquitectura e ingeniería.
En el mismo sentido el Decreto 10.028/57, reglamentario de la ley 14.159 sobre mensuras y catastros, refirió en el artículo 1 como profesionales habilitados al efecto, no sólo a los agrimensores e ingenieros, sino también a los arquitectos.
2.5.5.- Tampoco le aportan claridad, entidad y mucho menos rigor científico al informe en trato las referencias de fojas 648/9 y 650 a excepciones que se habrían hecho con Ingenieros Civiles de otras universidades del país. Todo lo contrario, la facultad ministerial más bien aparece así ejercida de manera discrecional.
2.5.6. - Se indica a fojas 649 que la Resolución 1.560/80 habría “reservado” para el Agrimensor los trabajos de mensura. Sin embargo, luego de leer esa normativa y su anexo (fs. 346/408 de autos), no he podido encontrar que “reserve” nada para ninguna profesión, sino que establece incumbencias.
De modo que, ante la posibilidad lógica y fáctica de existan incumbencias compartidas, tal reglamentación no cierra el debate de autos.
La que en cambio si ha reservado las tareas que no vienen ocupando para los Ingenieros Agrimensores, fue la Resolución N° 1054 del Ministerio de Educación de la Nación (fs. 593/618). Pero el segundo párrafo del artículo 3° de esta norma, aclara que tal reserva“... lo es sin perjuicio de que otros títulos incorporados(la ingeniería civil lo está por imperio del artículo 1° de la Resolución ministerial N° 1232/01 – fs. 546 y sgtes.) o que se incorporen a la nómina del artículo 43 de la Ley 24.241 puedan compartir parcialmente las mismas”. De modo que tampoco esta previsión normativa alcanza para resolver la contienda de autos.
2.5.7.-Llegando al nudo gordiano del litigio me detengo en la afirmación del primer párrafo de fojas 650, que constituye el eje de la fundamentación de la recurrente, conforme a la cual“...
la expresión ‘TRABAJOS TOPOGRAFICOS Y GEODESICOS’ no puede interpretarse bajo ningún concepto como inclusivo de dichas tareas” (SIC el subrayado es mío), con referencia a las “mensuras”. Ahora bien, si como puede encontrase en cualquier diccionario de nuestra lengua, “mensura” significa medida y “mensurar” es medir. Si la “geodesia” es unaciencia matemática cuyo objeto está dado por determinar la figura y magnitud de todo el globo terrestre o de una parte de él y construir los mapas correspondientes y etimológicamente proviene del griego como “dividir tierra”; y la “topografía” es también una ciencia matemática que tiene por objeto el estudio y la representación, con todos los detalles posibles, de una extensión limitada de terreno o el arte de describir y delinear detalladamente sobre el papel la superficie de un terreno, entonces creo que la afirmación del informe bajo análisis que he trascripto más arriba, no se sostiene.
Podrá establecer válidamente la autoridad educacional que corresponda que los ingenieros civiles no se encuentran habilitados para realizar mensuras aunque estén sobradamente capacitados para ello o por no estarlo. Podrán reglamentarse por cuestiones de política universitaria y/o de la naturaleza que fuere que tal o cual actividad o incumbencia corresponde a determinado título habilitante en exclusividad y no a otro. En definitiva entiendo que debe existir una regulación de la materia que nos ocupa y que resulta lógico que la ejerza una autoridad nacional. Pero e llo de ninguna manera puede conllevar la prerrogativa de cambiar ex post facto el sentido de las cosas, el valor de las palabras consagradas en los textos de la normativa aplicable. En este rumbo se ha sostenido entre nosotros, mucho antes de ahora, que “La ley no es solamente su letra, desde luego, pero tampoco es ésta una mera envoltura de aquélla –como una caja de cartón u otro envase cualquiera- que se debe abrir y dejar después a un lado, para examinar su contenido...Las palabras de la ley son ley –insistimos- y no una simple cáscara que se rompe y setira para comer la nuez”(ORGAZ, Alfredo en: “Las palabras de la ley”, “La Ley”, Tº 154,Sección Doctrina, página 1.022, 1.974).
2.6.- El sexto de los agravios relativiza la eficacia acreditante del informe de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación que luce a fojas 322, pero al mismo tiempo también desmerece el de la Dirección que he analizado en el punto precedente. Porque como se sostiene a fojas 727vta. primer párrafo es el ministro de educación el único órgano competente para delimitar incumbencias profesionales y con el acuerdo del Consejo de Universidades, los demás son sólo órganos de asesoramiento,incluida la mencionada Dirección.
2.7.- En sus considerandos 7º y 8º la recurrente cuestiona acremente al señor juez de grado intromisión en cuestiones ajenas a su competencia, afectando de tal modo la republicana división de poderes. Al respecto quizá convenga recordarlo evidente: al sentenciante se lo ha venido a requerir. La actora recurrió a él en busca de solución para un problema de -al parecer- larga data que no ha encontrado respuestasatisfactoria ni definitiva en el ámbito que debió darla. Luego luce gratuito y desmedido el reproche en trato. Esto por cuanto el a quo tiene el deber funcional de fallar ante el presente conflicto como respecto de cualquiera otro, y si hubiera rechazado la acción argumentando que el tema en debate excedía su competencia, podrá haber sido recriminado por denegación de justicia, mientras que al dirimirlo se le achaca in
tromisión. Así las cosas considero que este agravio debe ser rechazado de plano.
2.8.- Con relación a lo afirmado por esta parte en su 9º agravio, francamente no creo quepa calificar de “sofisma” al razonamiento de juez de grado que allí critica. Porque -efectivamente- si como está probado en autos la carrera de agrimensor constituyó durante mucho tiempo una parte de la de ingeniero civil, no implica una falencia lógica sostener que este último se encuentra facultado para lo mismo que aquel otro profesional y además para aquello que habilita el total de la capacitación recibida. Sofistico suena en cambio afirmar, como lo hace la recurrente, que la capacitación de los ingenieros civiles en el caso en trato no devendría de esta última calidad sino de la previa como agrimensores. Porque si un título incluye al otro carece de sentido la diferenciación que se postula.
2.9.- En cuanto al cuestionamiento del agravio 10º advierto que lo que tuvo en cuenta el sentenciante de la Resolución 1920/98 del Ministerio de Educación de la Nación, fue lo dictaminado por la Asesoría Letrada del órgano, que consideró aplicable al presente caso. De modo entonces que se trata de un argumento de contenido jurídico y con ello de un fundamento aceptable para un pronunciamiento como el que se encuentra en crisis,más allá de que pueda discreparse con él.
2.10.- En los agravios 11º, 12º y 13º insiste la recurrente en enfatizar que la diferenciación de las carreras y con ello las incumbencias, entre agrimensores e ingenieros civiles, quedó definitivamente sellada en la década de los años sesenta, más precisamente a través de la Resolución 342/61 de la UNL. Precisamente esta última Resolución es la que dice aclarar la Resolución Nº 698/02 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, cuya constitucionalidad viene cuestionada en autos. Al respecto y con relación al texto de la norma que acabo de mencionar, entiendo que caben dos posibilidades de interpretación de las circunstancias, a saber:
2.10.1.- Si una Resolución como la 342/61 rigió más de cuarenta años sin necesidad de ser aclarada y durante ellos los ingenieros civiles realizaron “mensuras” en idénticas condiciones que los agrimensores, todo pareciera indicar que no hubo,en tan dilatado tiempo de vigencia, duda alguna relativa a sus implicancias.
2.10.2.- Ahora bien. Entonces la pretendida “aclaración” bajo análisis, no puede ser vista sino como una modificación al régimen vigente hasta su dictado. Lo mismo autoriza a inferir el artículo 2º de la Resolución 698/02 en atención a los anoticiamientos que ordenara, especialmente de aque llos organismos provinciales y municipales por ante los cuales los ingenieros civiles venían actuando en las tareas discutidas.
2.11. - Finalmente se le reprocha el haber omitido un precedente de la CSJN. Al respecto creo adecuado precisar que en tal caso lo cuestionado no fue una pretendida “aclaratoria” atinente a incumbencias profesionales, sino la “ratificación” de lo oportunamente decidido por el órgano competente.
Por lo demás considero que no cabe duda alguna que conforme al derecho positivo que hoy regula la materia en trato sólo la autoridad ministerial nacional ostenta la facultad de establecer las incumbencias de las profesiones a que refiere el artículo 43 de la ley 24.521. Pero de todos modos esta nota no alcanza, ya lo he sostenido más arriba, para dirimir el entuerto de autos.
Por otra parte pareciera evidente que cuando el artículo 43 refiere a “...las actividades profesionales reservadas exclusivamentepara ellos”, refiriendo a los títulos que deberá determinar el ministerio, con carácter restrictivo, enfatiza la exclusividad de ciertas incumbencias para las profesiones reguladas por el Estado a que alude el primer párrafo del mismo precepto. De modo que la exclusión que consagra no es entre las profesiones reguladas entre sí, sino entre éstas y las que no lo son. Porque carecería desentido interpretar que en un artículo en el cual el legislador plasmó una previsión tuitiva del interés general, al mismo tiempo habría intentado dirimir el conflicto entre los intereses particulares y sumamente acotado de las distintas profesiones entre ellas.
3.-Los agravios del Colegio de Profesionales de la Agrimensura:
3.1.- Esta parte comienza enfatizando que los ingenieros no cuentan con el conocimiento universitario necesario para efectuar “mensuras”, esto por cuanto a partir de los años cincuenta y sesenta se habrían comenzado a diferenciar en las universidades ambas carreras en pugna. Lo que no se explica bien es cuáles habrían sido los cambios sustanciales y determinantes para que a partir de tal momento una profesión que hasta entonces fuera un capítulo de otra superior q
ue la contenía, pasara a convertirse de un día para otro en un coto excluyente de los profesio
nales de la ingeniería civil.
Tengo para mí que la esencia del presente debate,lo central,no es una cuestión meramente académica, como se postula a fojas 735vta., sino de intereses, lo cual en sí mismo no implica desdoro alguno. Claro que resultaría más franco y más sencillo de tratar si se presentara el problema simplemente por lo que verdaderamente es y no pretendiendo la defensa de valores que subyacen al debate.
Ya he afirmado más arriba que puedo ver aceptable una política ministerial y/o universitaria que establezca que el título de Ingeniero Civil no habilitará profesionalmente para realizar “mensuras”, más no bajo el argumento de que tales graduadoscarecerían de conocimientos para ello. Porque si se encuentra capacitados para dividir la tierra, que eso significa etimológicamente “geodesia”, para determinar la figura y la magnitud del globo terrestre o una parte de él y confeccionar los mapas correspondientes, no resulta lógico negarles la posibilidad profesional de intervenir en división de terrenos urbanos y rurales y/o en tareas que importan -esencialmente- la división de éstos. Tampoco creo, reitero, que los mayores conocimientos en materias diversas que pudieran tener los agrimensores, como por ejemplo en cuestiones jurídicas, resulte decisiva para su incumbencia exclusiva y excluyenteen la realización de mensuras, por cuanto tales saberes, que por cierto habrán de ser elementales ya que de otro modo la carrera debería ser dictada en la Facultad de Derecho, no pueden ser tenidos por dirimentes en el punto.
3.2.- En cuanto a la reflexión que se formula a fojas 7 38vta. conforme a la cual el Ministerio de Educación al fijar la incumbencia de los agrimensores habría sido muy preciso en torno a las remanidas “mensuras”, considero que no se puede tenerse a esta nota por definitiva liquidadora del debate de autos, como lo pretende la impugnante.
Porque, por el contrario, resulta plausible pensar que si -prácticamente- la única incumbencia profesional de los agrimensores es la de realizar “mensuras”, el legislador de la Resolución 1560/80 se vería en la necesidad de ser explícito al respecto, desde que no tenía otra cosa a la cual referirse. Mientras que con relación a las incumbencias tanto más amplias de los ingenieros civiles debió contentarse con enunciarlas someramente. Lo cual en modo alguno puede interpretarse, al menos desde mi punto de vista, que se excluyó a estos últimos profesionales de realizar la tarea en cuestión. Seguramente el autor o los autores de la resolución de marras han tenido en cuenta el conocido brocárdico: “quien puede lo más, puede lo menos”, y si así no fue, quien esto escribe sostiene que resulta aplicable al caso. Sin que esto implique desmerecer un ápice la útil e imprescindible tarea de los profesionales de la agrimensura y tanto menos la de la esforzada e ilustrada representación que en esta sede los defiende.
Con relación a la implicancia del “interés público” puesta de relieve a fojas 739 párrafo primero, me remito a los puntos 2.6.- y 2.11.- de este voto en que he tratado suficientemente tal aspecto, tanto como el relativo a la pretendida exclusividad de la reserva de incumbencias previstas por el artículo 43 de la ley 24.521.
Tengo por necesario poner de resalto lo siguiente.Si como se encuentra referenciado en autos hasta los años cincuenta o sesenta no existía en el país como carrera independiente la de agrimensura, sino que ésta, como quedó dicho, era una parte de la de ingeniería civil, pareciera indiscutible que la última carrera mencionada tenía los contenidos imprescindible capacitantes para la tarea de la polémica. Consecuentemente si cuando la agrimensura se -digamos- independizo no “se llevó los contenidos a que acabo de referir, entiendo que quien afirme que los ingenieros civiles perdieron la aptitud profesional para una labor desde siempre realizada por ellos, debería acreditar tan dificultoso extremo. Debería demostrarse que a partir de tal o cual momento se eliminaron de la currícula de la carrera en cuestión tales o cuales materias inherentes al tema. Que la topografía y la geodesia se vieron reducidas (valga la contradicción) a estudios y trabajos superiores a una “mensura” y que por ello no incluirían a éstas. Es decir, todo un contra sentido francamente difícil de sostener.
3.3.- A fojas 740 in fine y 740vta. primer párrafo, se insiste con que en la Resolución 1054/02 del Ministerio de Educación“... la realización de mensuras se otorga en forma expresa y exclusiva
a los agrimensores” (el subrayado es de la parte). Sin embargo esto no es así en cuanto a lo de “exclusiva”. Porque como ya lo he señalado del artículo 3º de la misma Resolución puede leerse que “La fijación de las actividades profesionales que deben quedar reservadas a quienes obtengan los títulos incluidos en el artículo 1º, lo es sin perjuicio de que otros títulos incorporados o que se incorporen a la nómina del artículo de la ley Nº 24.521 puedan compartir parcialmente las mismas”(elsubrayado me pertenece). Y como ya ha quedado sentado la ingeniería civil integra la nómina del artículo 43 aun desde antes que la agrimensura, merced a la Resolución ministerial 1232/01.
Tampoco tengo por atinentes al caso los argumentos de fojas 740vta./42 que enfatizan los distintos contenidos de las carreras en pugna conforme con las Resoluciones que menciona, esto por cuanto esencial mente la número 1054 ya mencionada, data del año 2002, de modo que mal podría hacerse valer en forma retroactiva a todos los colegiados de la actora, desde que éstos ingresaron a la carrera indudablemente antes del año que acabo de señalar.
En lo que hace al argumento ensayado sobre el final de fojas741 atinente a la reciente ley 26.209, francamente no veo en la parte del articulado de la norma allí transcripto la razón favorable a la postura de su parte que la recurrente cree encontrar en él. Más bien da la impresión el texto de haber eludido la polémica relativa a las incumbencias ventiladas en este proceso y que como la propia impugnante lo señalara a fojas 738 ha subsistido “por décadas”. Porque categórico para es te debate hubiera sido que la ley refiriera directamente a quienes poseyeran el título de agrimensores o ingenieros agrimensores, ya que definir a las personas habilitadas para hacer mensuras a los “...profesionales con incumbencia en la agrimensura”, entiendo que no ha resuelto problema alguno, dado que justamente el diferendo versa en torno al establecimiento de quienes son los profesionales que cuentan con tal incumbencia.
3.4. - El reproche que se formula al a quo en el punto 5.2. de fojas 742vta. ya lo he tratado en el apartado 2.7.- de este mismo voto, razón por la cual a él me remito.
3.5. - También el tratamiento dado por el juez de grado al informe de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, obrante a fojas 643/53 de autos ya ha sido abordado en el apartado 2.5.
-, de modo que ante la repetición de los argumentos carece de sentido repetir aquí las mismas considera ciones antes expuestas.
Sin embargo creo adecuado atender el planteo de esta parte de fojas 743vta. in fine en cuanto sostiene que: “...si un Juez requiere un informe vital para la resolución de la causa... y considera que el mismo no es contestado por quien tiene competencia para ello, tiene la potestad suficiente para peticionar las aclaraciones del caso...”.
En este sentido, si bien es cierto que el CPCCN ostenta un fuerte rasgo inquisitivo, especialmente en las previsiones de su artículo 36, no debe perderse nunca de vista que resulta connatural al debido proceso el mantenimiento del principio procesal número uno (así Alvarado Velloso, Adolfo en: “Introducción al estudio del Derecho Procesal”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, página 260) cual es el de igualdad de las partes, que constituye un deber del juez anterior a cualquiera de los consagrados por el mencionado artículo 36, y que se encuentra expresamente previsto por el inciso c) del artículo 35 del digesto ritual de referencia.
En similar sentido la más tradicional doctrina procesalista limita el activismo del juez en materia probatoria a excepcionales situaciones entre las que no se encuentra incluida la del presente caso (puede verse Couture, Eduardo J. en: “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Depalma, Buenos Aires, 1987, tercera edición – póstuma, página 186/7 y Chiovenda, Giuseppe en: “Instituciones del Derecho Procesal Civil”, Valletta, Buenos Aires, 2005, página 63 del tomoIII).
3.6.- Se sostiene a fojas 746vta. in fine y 747 párrafo primero que la tantas veces mentada Resolución 1560/80 del habría normado que “La expresión ‘trabajos topográficos y geodésicos’ establecida como actividad profesional para los títulos de Ingeniero civil no incluye ni supone la realización de tareas de mensura y subdivisiones” (el destacado es de la parte). Sin embargo, esto no resulta ser una transcripción normativa, como ya lo he señalado, sino la mera opinión del firmante del informe bajo análisis. Porque de la Resolución 1560/80, como puede verse a fojas 385/6, en modo alguno surge la exclusión referida.
3.7.- En cuanto a la arbitrariedad endilgada al sentenciante afojas 748/9 cabe decir que éste lo que hizo fue aplicar al caso las reglas de la sana crítica, tal como corresponde. De modo que más allá de su acierto o error la decisión que adoptara constituye una de las posibles ante los hechos, el derecho y la prueba de autos, de suerte tal que no le cabe la tacha de arbitraria. Porque el pronunciamiento, sin duda circunstanciado y meditado, revela la aplicación de la lógica, percepción y máximas de experiencia, que aunque se expliciten en el fallo constituyen los ingredientes imprescindibles de toda sentencia jurisdiccional (así Devis Echandia, Hernando en: “Teoría general de la prueba judicial”, Zavalía, Buenos Aires, quinta edición, 1981, página 296 y si guientes del tomo 1).
3.8. - En relación a la Resolución 2233/64 del ex Consejo de Ingenieros, no cabe otra alternativa que corroborar el tratamiento dado por el Dr. Zucchi al punto, desde que tal órgano carecía por completo de imperium como para consagrar norma alguna, tal como surge de sus acotadas facultades señaladas a fojas 749 in fine y vta.. De manera entonces que sostener como se lo hace a foja s 751 que la mentada resolución se habría aplicado por más de “TREINTA AÑOS”,resulta ser un claro sin sentido que no merece otro tratamiento.
4.- Volviendo sobre reflexiones precedentes sostengo que si la autoridad de aplicación competente recién precisó con claridad que la realización de mensuras es incumbencia exclusiva de los profesionales con título de Ingeniero Agrimensor, en el mes de octubre de 2002, forzoso resulta inferir que hasta entonces no se encontraba determinado tal extremo, ya que de otro modo no habría habido necesidad de establecerlo. En definitiva y como lo he venido insinuando considero que resulta indiscutible que por definición los “trabajos topográficos y geodésicos” incluyen la tarea de mensura de bienes inmuebles urbanos y rurales a los efectos registrales, lo cual no quita que la autoridad competente en materia universitaria, por las razones que fuere, decida que a partir de determinado momento tal actividad pase a ser incumbencia exclusiva de los ingenieros agrimensores o agrimensores. Mas tal cambio de temperamento, con ser válido y admisible, y el sí ajeno a la competencia jurisdiccional, lo que no puede es afectar los derechos adquiridos de quienes hasta entonces se encontraban profesionalmente habilitados para realizar la tarea en cuestión. Así las cosas tengo para mi, y es lo que propongo al acuerdo, que habría un exceso en la confirmación de la declaración de inconstitucionalidad de las Resoluciones 265/02, 295/02 y 698/02 del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR; y que correspondería acotar la declaración de marras a la interpretación conforme a la cual tales actos administrativos resultarían aplicables a quienes en tal momento contaban con el título de Ingeniero Civil o bien habían ingresado a la carrera para obtenerlo, sin perjuicio de su absoluta validez para el futuro.
5. - En cuanto a las costas, habida cuenta de las peculiaridades del caso y teniendo en cuenta que ambas partes pudieron haber tenido el convencimiento de su razón plausible para litigar, propugno imponerlas en el orden causado en ambas instancias.
Es mi voto.La Dra. Liliana Arribillaga dijo:
1.- Discrepo con la solución que propone el Dr. Barbará ya que a mi criterio corresponde revocar la sentencia dictada en autos. En los presentes el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe por medio de su presidente interpone acción meramente declarativa de certeza e inconstitucionalidad, contra la Universidad Nacional de Rosario.
Pretende la inconstitucionalidad de los actos administrativos dictados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosario, esto es las Resoluciones que menciona en su demanda. Así expresa que mediante los citados, los ingenieros civiles se ven privados de llevar acabo tareas de mensura conforme a las incumbencias que se les otorgaran originariamente por las autoridades universitarias. Alude también que se genera un estado de incertidumbre con respecto al pleno ejercicio de los derechos que detentan estos profesionales en relación a los que les fueran conferidos en el titulo o diploma correspondiente. Considera entonces como derecho adquirido y bajo la competencia profesional de realizar tareas de mensura, conforme el texto de las resoluciones universitarias que menciona siendo que, dice, el propio Ministerio de Educación de la Nación dispuso que "corresponde reconocerle al egresado las competencias o incumbencias que la universidad reconocía a la fecha en que se ingresó a la carrera por integrar ellas la oferta que se efectuaba a los ingresantes".
Todo ello de conformidad con el contenido curricular de cada uno de los sucesivos planes de estudio con vigencia en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la U.N.R., siendo que no corresponde modificar retroactivamente las incumbencias profesionales oportunamente conferidas.
2.- Dos son entonces, las pretensiones interrelacionadas en la demanda. Por un lado la que requiere se de certezaacerca de la existencia del derecho de los profesionales representados por la actora, quien tiene legitimación para ello, y por el otro el que se declaren inconstitucionales por atentar contra derechos adquiridos los actos administrativos dictados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosario, esto es las Resoluciones que menciona en su demanda Nros. 265/02, 295/02 y 698/02 de fechas 7-06-02, 21-06-02 'y 29-11-02 respectivamente.
Respecto a lo primero corresponde admitir que sin duda, y en concordancia con lo que más adelante señalaré, con el dictado de las normas impugnadas, no se alcanzaba el grado de certidumbre necesario a fin de deslindar las incumbencias de cada ejercicio profesional, esto es el de Ingeniero Civil y el de Ingeniero Agrimensor o Agrimensor, razón por la que la propuesta del actor desde el punto de vista procesal aparece viable. Ello,sin perjuicio de que se admita la manera en que pretende se declaren los derechos. En relación a la segunda, no procederá, ya que a lo largo de la mención que en el presente se efectúe de las probanzas de autos, las resoluciones universitarias atacadas no resultan repugnantes con los derechos constitucionales que se dicen conculcados, tal como lo expresa el a-quo. Sinperjuicio de ello se constata en el expediente (la actora lo acompaña al inicio) conforme documental de fs. 40/75 que el Colegio actor habla presentado recurso de reconsideración y jerárquico contra las resoluciones nro. 265/02, 295/02 y 698/02 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimens ura de la U.N.R. Del trámite del citado nada se ha comprobado, por lo que si bien en principio habría fenecido la posibilidad de impugnar, lo cierto es que habiéndose admitido esta acción y estando el expediente sentenciado, no corresponde hoy su desestimación sopena de conculcar derechos de la parte.

3.- Así, es cierto que quien tiene la facultad de decidir acerca de las incumbencias profesionales de los títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado es el Ministerio de Cultura y Educación respecto a las carreras: "...cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes...." (conf. art. 43 de la ley 24.521), dentro de la cual se encuentra la carrera de Ingeniero Agrimensor (conf. art. I o de la Resolución nro. 1054/2002 del Ministerio de Educación). Ello es, aún cuando el art. 3 o de la resolución aludida, diga que "La fijación de las actividades profesionales que deben quedar reservadas a quienes obtengan los títulos incluidos en el art. I o , lo es sin perjuicio de que otros títulos incorporados o que se incorporen a la nómina del art. 43 de la Ley N° 24.521 puedan compartir parcialmente las mismas". El art. 42 de la ley aludida establece: "Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades". La resolución 1560/80 estableció una diferencia de competencias entre los títulos de Agrimensor y de Ingeniero Civil o en Construcciones. Esta norma reserva para el título de Agrimensor la realización de estudios, proyectos, dirección, inspección, asesoramiento y ejecución de: -mensuras y sub; catastro. En tanto ambos títulos comparten la competencia para realizar mediciones topográficas y geodésicas. Durante la vigencia de la ley 23.068 se dictó la resolución n° 432/87 por la cual se establecieron nuevas incumbencias profesionales para el título de Agrimensor o Ingeniero Agrimensor, manteniéndose como competencia para estos títulos la realización de tareas de mensura y subdivisiones. La ley 24.521, limita la competencia para la determinación decompetencias profesionales sólo para aquellos títulos que resulten encuadrados en el art. 43 de la ley. Por resolución del Ministerio de Educación nro. 1232/2001 incluyó el título de Ingeniero Civil, en dicha nómina; en tanto el título de Ingeniero Agrimensor fue incluido a través de la resolución nro. 1054/02 y como actividad profesional se determinó en el Anexo V-l, inciso D y como reservada: "realizar por mensura la determinación y verificación de inmuebles y parcelas y sus afectaciones". Para el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, por resoluciones ministeriales nros. 425/91 y 751/92 fijó las incumbencias profesionales de lostítulos de Agrimensor e Ingeniero Civil respectivamente. Asimismo por resolución ministerial nro. 476/00 se otorgó reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional y se establecieron las actividades al título ingeniero agrimensor. Entre las actividades incluidas por el ingeniero civil se encuentran, en el apartado B) 2) de la resolución ministerial n° 752/92 "trabajos topográficos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y construcción de las obras a que se refiere el párrafo A)". Por la 425/91 al agrimensor se le atribuye competencia para realizar por mensura la determinación demarcación y verificación de inmuebles y parcelas y sus afectaciones y al ingeniero agrimensor. Por la 476/00 al ingeniero agrimensor, la de realizar por mensura la determinación, delimitación, demarcación y verificación de inmuebles y parcelas y sus afectaciones. Así las cosas, ambos pueden realizar mediciones pero sólo a los agrimensores o ingenieros agrimensores el Ministerio de Educación les reservó la competencia para realizar mensuras.
4.- Asimismo corresponde señalar que en los presentes tuvoparticipación el Ministerio de Educación -organismo competente para fijar las incumbencias profesionales de los títulos correspondientes a profesionales reguladas por el Estado-, en dos oportunidades a través de su Departamento de Gestión Administrativa (ver fs. 424/427; 428/430 del segundo cuerpo y 623/630 de tercer cuerpo), sin que se advierta contradicciónalguna en ambas presentaciones. La contestación de fs. 324 obrante en el segundo cuerpo, producida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, también resulta conteste con las anteriores y en lo que excede a su competencia, entiende deben emitir opinión los organismos técnicos de la jurisdicción, es decir el Departamento de gestión abocada a los asuntos de orden académico.
En ese rumbo se advierte que el art. 43 de la ley 24.521
determina que es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el consejo de Universidades, el órgano con competencia para de terminar, con criterio restrictivo, la nómina de los títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. En consecuencia cuando el Ministerio quiso otorgar una competencia, incumbencia o actividad reservada así lo ha dicho.
En efecto,en todas las normas que el aludido Ministerio dictó a partir del año 1980,diferenció claramente estas dos competencias profesionales, con carácter de incumbencia primero y como actividad reservada luego: la realización de mensura por un lado y la ejecución de trabajos topográficos y geodésicos por el otro y cuando por excepción al título de ingeniero civil de alguna Universidad le atribuyó competencia para hacer mensura, lo hizo expresamente.
Cabe concluir entonces en que los actos fueron emitidos de acuerdo a lo sostenido por la autoridad competente y si bien no fue ésta la que los dictó, no puede mantenerse entonces que exista agravio susten table en ello.
Así nuestro Superior Tribunal tiene dicho que: “En efecto, si bien el art. 42 de la ley 24.521 expresa que las instituciones universitarias fijarán y darán a conocer los “conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades, para las que tienen competencia sus poseedores”, el art. 43, por su parte, prevé la hipótesis de los “títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”. En estos casos, es el ministerio citado el órgano con competencia para determinar, con criterio restrictivo, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. En la especie, procede señalar que el decreto-ley 6070/58 (ratificado por ley 14.467) regula el ejercicio de la agrimensura, la agronomía, la arquitectura y la ingeniería en jurisdicción nacional y el decreto 2148/84 lo complementa con relación a ciertas actividades afines con dichas profesiones, circunstancia que permite concluir que las involucradas en el sub examine requieren la intervención del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en los términos del art. 43 de la ley 24.521. La exégesis contraria importaría, por otra parte, privar de todo sentido a esa previsión legal, pues carecería de razón de ser el distingo que efectúa y hubiera bastado la disposición del art. 42 para regular las actividades que pueden realizar los profesionales que hayan obtenido cualquiera de los títulos habilitantes” (in re Consejo Profesional de la Agrimensura de la Pcia. de Bs. As. s/rec. Art. 32 d
e la ley 24.521). En autos “Larrondobuno, Alberto Fernando y otros s/avocación (Acta 457/93 Cámara Trabajo)” de fecha 11-07-1996 la Suprema Corte dijo: “En tales condiciones, por no c
ontarse con el pronunciamiento del Ministerio de Cultura y Educación, que es la autoridad competente en la materia para expedirse sobre las incumbencias profesionales, decidir la aceptación en la lista de perito del fuero de los egresados en los cursos de postrado y carreras de especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo de la Facultad de Ingeniería y la de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, colocándolos en un pie de igualdad con los ingenieros en seguridad e higiene del trabajo e ingenieros laborales, no resulta suficientemente fundado. En consecuencia, este tribunal estima prudente que se suspenda el pronunciamiento, hasta que se cumpla con la agregación del informe pertinente”. (Fallo 319:1299).
A mayor abundamiento, la declaración de inconstitucionalidad“es un remedio de excepción” al que por su propia naturaleza cuadra recurrir en última instancia, por lo que “en el control de constitucionalidad, los magistrados judiciales deben obrar con mesura y prudencia”, en tanto se trata” de una de las funciones más delicadas susceptibles de ser atribuidas a un tribunal de justicia”, ya que por tratarse de un acto de sumatrascendencia y gravedad institucional “debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico”.




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